Las energéticas podrán esquivar el pago del impuesto temporal tras su prórroga

• Tienen la opción de aplazar la liquidación de febrero 
• El impuesto decaerá en el Congreso ante la falta de apoyos de PNV y Junts
• Intentará asegurar los ingresos con la tasa al diésel 

La extensión del gravamen temporal a través de un Real Decreto-ley es ya la única opción que maneja Hacienda para cumplir los compromisos con sus socios de izquierda (Podemos, EH Bildu, ERC y BNG) una vez anulada la posibilidad de acordar una proposición de ley para crear un nuevo tributo antes de enero. Si bien, esta vía no garantiza en la práctica que las compañías del sector vayan a abonar la cantidad correspondiente al año 2025, ya que estas pueden solicitar un aplazamiento del pago de febrero hasta que la norma decaiga en el Congreso de los Diputados, según apuntan fuentes jurídicas y empresariales a elEconomista.es.

El pago del gravamen se divide en dos pagos, tal y como se reflejó en la normativa elaborada durante la crisis de precios como consecuencia de la guerra de Ucrania. Las compañías están obligadas a abonar la mitad de la cuota en los 20 primeros días de febrero y la parte restante, al comienzo de septiembre. Y la prórroga del gravamen temporal sería efectiva tan pronto como se aprobará el texto en Consejo de Ministros, por lo que en función de la fecha en la que se vote su convalidación en la Cámara Baja, el impuesto podría seguir en vigor en las primeras semanas de febrero.

No obstante, las compañías del sector podrían esquivar esta obligación (llamada a decaer unos días después por la falta de apoyos de PNV y Junts) con la petición de un aplazamiento para abonar el pago, lo que suspendería la obligación hasta que recibieran una respuesta; con independencia de que si deciden o no, recurrirlo a los tribunales. Es decir, el Ministerio de Hacienda se habría decantado por la aprobación del Real Decreto-ley para poder defender ante las formaciones de izquierdas que ha cumplido con lo acordado al impulsar la prórroga del gravamen temporal, aunque tenga presente que no recibirá esos ingresos.

Al menos hasta que no consiga sacar adelante un nuevo impuesto, que sí podría contar con el voto de PNV al abrirse la posibilidad de que el País Vasco fije sus propias condiciones o bonificaciones en el proceso de concertación (como sucederá con la nueva tasa a la banca) y en el que se podrían introducir deducciones por inversiones a la descarbonización, como el PSOE negoció con Junts.

Las fuentes consultadas descartan que el departamento de María Jesús Montero vaya a exigir el pago de un impuesto antes de que sea refrendado por el Congreso de los Diputados con un escenario político en el que no se puede dar por hecho que cualquier norma que salga del Consejo de Ministros tendrá el aval de la mayoría de investidura. El motivo es que tras decaer, sería calificado como un ingreso indebido que el Estado se vería obligado a devolver con intereses, por lo que Hacienda no cuenta con ningún incentivo para asegurarse de que las compañías abonen el pago en febrero.

En consecuencia, tras el primer encuentro celebrado este miércoles, en el que se ausentaron tanto la formación de Aitor Esteban como la de Miriam Nogueras, el Gobierno centra sus esfuerzos en construir una redacción del nuevo tributo que pueda convencer a sus socios a izquierda y derecha. Hacienda confía en lograr un pacto para acercarse al objetivo de déficit del 2,5% incluido en el Plan Fiscal y Estructural enviado a Bruselas, pese a la distancia actual entre los partidos.

Intenta aprobar el impuesto al diésel

En 2024 el tributo temporal a las energéticas supuso 1.164 millones de euros que el Gobierno tratará de compensar de cara a 2025 con la aprobación del impuesto al diésel. Esta propuesta estuvo sobre la mesa como parte de las enmiendas a la reforma fiscal, si bien decayó por la oposición de sus socios parlamentarios. La cartera de Montero cree que supondría unos 1.500 millones en ingresos, en función del momento en el que se apruebe, para lo que también necesita el voto de Podemos.

No obstante, los ‘morados’ han advertido este viernes que no apoyarán este impuesto “indirecto que asumen fundamentalmente las clases trabajadoras” si no se relaciona con la tasa a las energéticas que pactaron para salvar la reforma fiscal. “Es enormemente injusto cargar los costes de la emergencia climática y la necesaria transición ecológica sobre los hombros de la gente, al mismo tiempo que se permite a las grandes empresas energéticas, principales responsables de la contaminación, irse de rositas. No se hará, desde luego, con los votos de Podemos”, reprochan.

Durante la tramitación del proyecto de ley para establecer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades a grandes grupos y multinacionales, esta formación ya votó en contra de la enmienda con la que Hacienda quería introducir la equiparación con la gasolina. Si bien, el partido explicó después que respalda esta medida pero que su idea era aplicar criterios de progresividad sobre este tributo y aprobarlo en un mismo texto normativo que el citado impuesto a las compañías energéticas.